Segunda parte
Sin embargo, el verdadero problema no es únicamente que el trabajo de cuidados permanezca invisible. El problema es que esa invisibilidad tiene consecuencias concretas sobre la libertad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del país.
Durante años hemos pensado que el cuidado pertenece al ámbito de la vida privada y que, por tanto, cada familia debe resolverlo como pueda. Pero esa idea resulta cada vez más difícil de sostener frente a una realidad que está transformando a México y al mundo.
Vivimos más años que nunca antes. Las familias son más pequeñas. La participación de las mujeres en la educación superior y en el mercado laboral ha crecido de manera extraordinaria. Aumenta el número de personas que viven con alguna discapacidad y las enfermedades crónicas demandan cuidados durante periodos mucho más largos. Al mismo tiempo, millones de hogares son sostenidos por una sola persona o dependen de que ambos padres trabajen para salir adelante.
La necesidad de cuidar ha crecido. La disponibilidad de quienes tradicionalmente realizaban ese trabajo, no.
No estamos frente a una crisis de las familias. Estamos frente a un cambio demográfico y social de enorme magnitud que exige una nueva forma de organizarnos.
Por eso resulta insuficiente seguir viendo el cuidado como un asunto exclusivamente doméstico. Lo que está en juego no es únicamente la distribución de las tareas del hogar. Lo que está en juego es la posibilidad de que millones de personas puedan desarrollar plenamente su talento.
Cada vez que una mujer abandona un empleo porque no encontró alternativas para cuidar a un hijo, a una madre con dependencia o a una persona con discapacidad, México pierde mucho más que un ingreso familiar. Pierde experiencia, creatividad, liderazgo, productividad y capital humano. Pierde años de formación profesional y oportunidades de crecimiento económico que difícilmente volverán a recuperarse.
La pregunta, entonces, deja de ser cuánto cuesta invertir en cuidados.
La verdadera pregunta es cuánto le cuesta al país no hacerlo.
Durante mucho tiempo hemos considerado el cuidado como un gasto. Tal vez haya llegado el momento de entenderlo como una inversión estratégica. Invertir en cuidados significa liberar tiempo para estudiar, trabajar, emprender, investigar, participar en la vida pública o simplemente ejercer con mayor plenitud la libertad de elegir un proyecto de vida.
No se trata de sustituir el afecto por instituciones ni de trasladar al Estado responsabilidades que pertenecen a las familias. El cuidado seguirá teniendo un profundo contenido humano, afectivo y personal. Ninguna política pública puede reemplazar el amor de una madre, la entrega de un padre o la solidaridad entre generaciones.
Pero una sociedad inteligente sí puede construir condiciones para que ese cuidado no recaiga en soledad sobre una sola persona.
Ése es el verdadero sentido de la corresponsabilidad.
Durante demasiado tiempo hemos planteado un falso dilema: familia o Estado, vida familiar o desarrollo profesional, cuidado o crecimiento económico. La experiencia internacional demuestra que esa oposición es artificial. Las sociedades que mejor han enfrentado este desafío son aquellas que comprendieron que el cuidado es una responsabilidad compartida.
Las familias siguen siendo el primer espacio donde aprendemos a cuidar y a ser cuidados. Pero las empresas pueden ofrecer esquemas laborales más compatibles con la vida familiar; las comunidades pueden generar redes de apoyo; las organizaciones civiles pueden multiplicar las alternativas de acompañamiento; y el Estado puede construir políticas públicas que articulen esos esfuerzos y garanticen que nadie quede excluido por falta de cuidados.
Ésa es la lógica que inspira los Sistemas Nacionales de Cuidados que diversos países han comenzado a desarrollar. No nacen de la idea de sustituir a las familias, sino de fortalecerlas. No buscan desplazar la responsabilidad individual, sino reconocer que existen necesidades que ninguna persona puede resolver sola.
En el fondo, un Sistema Nacional de Cuidados representa algo mucho más profundo que una política social. Representa una nueva comprensión de la libertad.
Porque la libertad no consiste únicamente en que las puertas estén abiertas. Consiste también en que las personas tengan posibilidades reales de cruzarlas.
Y esas posibilidades comienzan, muchas veces, con algo tan sencillo y tan profundo como saber que alguien cuidará de quien más amamos mientras nosotros desarrollamos nuestra vocación.
"La libertad no consiste únicamente en que las puertas estén abiertas; consiste en que las personas tengan posibilidades reales de cruzarlas."
La libertad no consiste únicamente en que las puertas estén abiertas. Consiste en que todas las personas tengan un piso parejo para poder cruzarlas. Y ese piso parejo comienza mucho antes del ejercicio de un derecho: comienza cuando una sociedad organiza el cuidado de tal manera que ninguna persona vea limitado su proyecto de vida por asumir sola una responsabilidad que, en realidad, nos pertenece a todos.
La justicia no consiste únicamente en reconocer los mismos derechos para todos; consiste en construir las condiciones para que todos puedan ejercerlos.
Durante siglos, el Derecho ha buscado construir sociedades más libres, más iguales y más justas. Sobre los principios de Justicia, Libertad e Igualdad se levantan nuestras constituciones y nuestras democracias. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre las condiciones que hacen posible que esos ideales dejen de ser una declaración y se conviertan en una experiencia cotidiana.
La libertad necesita algo más que la ausencia de prohibiciones. Requiere condiciones reales para elegir y desarrollar un proyecto de vida.
La igualdad necesita algo más que reconocer los mismos derechos para todos. Requiere un piso parejo desde el cual cada persona pueda ejercerlos efectivamente.
La justicia necesita algo más que leyes bien redactadas. Exige una organización social que no condene a unos a renunciar a sus oportunidades para que otros puedan ejercer las suyas.
Es precisamente en ese punto donde el cuidado adquiere una dimensión que trasciende el ámbito familiar y se convierte en un asunto de interés público.
Cuando una sociedad organiza corresponsablemente el cuidado, amplía la libertad de quienes hasta hoy han visto limitado su proyecto de vida por una carga desproporcionada. Construye igualdad porque reduce las enormes brechas de tiempo, oportunidades y desarrollo que hoy existen, particularmente para millones de mujeres. Y fortalece la justicia porque distribuye de manera más equitativa una responsabilidad sin la cual ninguna sociedad puede sostenerse.
Tal vez por eso ha llegado el momento de dejar de considerar el cuidado como un asunto privado o una tarea doméstica. El cuidado es una condición para hacer efectivos los derechos y para construir una sociedad verdaderamente democrática.
No es casual que los países que han avanzado en esta dirección no hayan debilitado a las familias. Al contrario. Han comprendido que fortalecerlas implica evitar que el peso del cuidado recaiga, casi siempre en silencio, sobre una sola persona. La corresponsabilidad no sustituye el amor ni el compromiso familiar; los hace sostenibles.
Porque el cuidado no limita la libertad. La hace posible.
No obstaculiza la igualdad. La vuelve alcanzable.
No reemplaza la justicia. La hace concreta.
Quizá por eso una de las tareas más importantes del siglo XXI no sea únicamente reconocer nuevos derechos, sino construir las condiciones para ejercer plenamente los que ya hemos conquistado.
Y entre esas condiciones, pocas resultan tan decisivas como una sociedad que comprende que cuidar no es una responsabilidad individual, sino un compromiso compartido.
Sólo entonces podremos decir que hemos dado un paso más en la evolución de nuestras democracias: cuando entendamos que la libertad, la igualdad y la justicia no descansan únicamente sobre las leyes, sino también sobre la red invisible de cuidados que permite que esas leyes cobren vida en la experiencia cotidiana de las personas.
Durante siglos hemos perfeccionado nuestras leyes para proteger la libertad, la igualdad y la justicia. El desafío del siglo XXI consiste en fortalecer la infraestructura social que permita hacerlas realidad. El cuidado pertenece a esa infraestructura invisible. No sustituye a los grandes valores que inspiran nuestro orden jurídico. Los vuelve posibles en la vida cotidiana. Una sociedad que comprende esta verdad no sólo cuida mejor de los más vulnerables; construye un piso más parejo para que cada persona pueda ejercer sus derechos, desarrollar su talento y elegir con libertad el proyecto de vida que desea realizar.
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