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La violencia feminicida de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se refiere a la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En la manera en que son asesinadas estas mujeres se manifiesta la brutalidad, el odio, el resentimiento, la desconsideración y el poco valor que se les da: en el estado de Guanajuato este año a una de ellas su esposo le roció agua de celaste mientras dormía y le prendió fuego, a otra joven mujer su novio la mandó matar pagando 20 mil pesos para ocultar que estaba embarazada, otra joven recibió más de 50 puñaladas mientras trabajaba en una papelería y a una niña de tres años de la cual su padrastro abusaba física y sexualmente, terminó matándola al sumergirla en agua hirviendo en su casa en Irapuato.

Niñas, jóvenes, adultas. Ultimadas predominantemente en su propia casa, o encontradas en despoblado: un baldío, un arroyo, un camino de terracería.

Este fenómeno dice mucho de la misoginia de los asesinos pero también de nuestra sociedad en su conjunto. Y es que detrás de cada feminicidio existe una mirada respecto a la mujer, una forma de pensar, sentir y actuar respecto a ella, donde ultimarla se convierte en la consecuencia extrema de una práctica de relación cotidiana que tiene como base la discriminación, la posesión, la desconsideración de la mujer como una persona con derechos, la desigualdad.

Prácticas de relación violentas que encuentran una amplia tolerancia por parte de la sociedad, sociedad donde se encuentran las instituciones a quienes se les ha dado la encomienda de prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia que, no obstante, continúan conciliando entre las mujeres y sus agresores la violencia que ellas padecen, tipificando como delitos no graves las violencias familiares cotidianas, otorgando muy pocas medidas de protección efectivas…

En el estado de Guanajuato y en todo nuestro país tenemos un problema serio. Su negación sólo redunda en retraso en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares y alarga la espera para la reparación del daño y la garantía de la no repetición, contribuyendo así a su crecimiento y al agravio de toda la sociedad.