Recientemente, en febrero pasado, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el noveno Informe Especial de COVID-19, en el que se presenta un diagnóstico y recomendaciones de política pública entorno a la autonomía económica de las mujeres y el impacto de la pandemia en las desigualdades de género en la región.
Un impacto significativo ha sido la transición de diferentes actividades laborales a ambientes de teletrabajo, mismas que requieren el uso de infraestructura tecnológica y una red de conexión a internet como principal recurso para desempeñar su trabajo adecuadamente.
Lo cierto es que, sumado a este impacto, los efectos sobre los sectores económicos donde hay mayor participación de las mujeres han sido severos, como el turismo, manufactura, comercio, trabajo doméstico remunerado, salud y educación; y como consecuencia ha aumentado la tasa de desempleo.
Una de las alternativas que tienen las mujeres, como mecanismo de apoyo al ingreso familiar y que además les permite atender la mayor carga de trabajo de cuidados, particularmente de hijos e hijas en edad escolar y que aún continúan sin asistir presencialmente a las escuelas, es el de apoyarse de redes sociales y otras plataformas digitales, para ofrecer diversos productos y servicios.
¿Qué pasa cuando no se tiene acceso a internet? ¿qué pasa cuando no se alcanzan a cubrir las necesidades básicas de un hogar y no se tienen las herramientas digitales para echar a andar un negocio o emprendimiento? La misma CEPAL a la letra señala en este Informe que “La intersección entre la pobreza, la brecha digital y la desigualdad de género socava las oportunidades que podrían tener las mujeres situadas en los primeros quintiles de ingresos como resultado de la aceleración de la economía digital.”
Un dato que resalta es que, en México la proporción de mujeres sin ingresos propios y que no tienen acceso a internet fijo o móvil y son parte del quintil de menores ingresos, es el 29.4 por ciento, y la proporción de ingresos del hogar para pagar un servicio de banda ancha fija es del 8.7 por ciento, mientras que el de banda ancha móvil representa el 16 por ciento.
Dicho esto, la recomendación es, promover procesos de inversión (pública y privada) para una transformación digital incluyente, que incorporen el acceso a una canasta básica (tecnologías digitales) orientados a la alfabetización digital, a brindar herramientas e infraestructura para promover la creación de micro empresas y la participación de la mujer en los mercados laborales a través del teletrabajo.
La nueva normalidad puso de frente a la economía digital, en todos los ámbitos de la vida, es elemental que todos los hogares del país haya acceso a internet a un costo competitivo y sin barreras de entrada y salida.
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