Sí, somos más mujeres las que habitamos México. Después de la operación del Censo de Población y Vivienda que se realizó el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fueron publicados los resultados y el principal es que en el país residen poco más de 126 millones de personas de las cuales el 51.2% somos mujeres y 48.8% son hombres.
Otro resultado que destaca es el número de personas económicamente activas de 12 años y más. La tasa de participación económica en los hombres es de 75.8% y de 49% en las mujeres. Particularmente esta última incrementó en 15.7% en los últimos 10 años.
Aunque este último dato es alentador, habrá que tratarlo con debida cautela. Mayor participación económica de la mujer no necesariamente significa un empleo formal, bien remunerado y con las prestaciones que por ley le corresponden. Tampoco significa que las condiciones laborales sean las idóneas para su propio desarrollo.
Es importante poner en el radar que los impactos de la pandemia han sido severos en los contextos que se desenvuelven las mujeres cuando hablamos de su participación en actividades productivas. La realidad es que no podemos bajar la guardia cuando se trata de promover la participación de la mujer en la economía, de fomentar su liderazgo en sus entornos de trabajo, en sus emprendimientos o empresas. Este país requiere que la mujer haga valer sus derechos en todas las esferas de su vida.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reiterado a los países miembros y en particular al sector privado, que es clave atraer el talento femenino, retenerlo y desarrollarlo. Entre los “Principios para el Empoderamiento de las Mujeres”, el segundo de ellos “Igualdad de Oportunidades, Integración y no Discriminación”, es uno de los pilares y me atrevería a decir, el principal para sumar a más mujeres en las actividades productivas, lograr su movilidad social y un ejercicio real de su liderazgo.
Entre los puntos que considera este principio se encuentran, que las empresas deben 1) asegurarse de que las políticas y las prácticas de trabajo estén exentas de cualquier discriminación de género; 2) implementar la contratación y la protección de empleo que integre la dimensión de género, contratar y nombrar proactivamente a mujeres en puestos directivos y de responsabilidades, así como en el seno de los consejos de administración y; 3) garantizar una participación creciente de las mujeres -30% como mínimo hasta lograr la paridad- en los procesos de toma de decisiones y de dirección a todos los niveles y en todos los sectores económicos.
Tenemos grandes retos como país y podremos hacerles frente si las empresas, cámaras, asociaciones y presentaciones del sector privado asumen un compromiso real con este principio. En estos tiempos necesitamos actuar para avanzar y porque nos necesitamos en unidad; trabajando de la mano hombres y mujeres.
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