Una vez más en la historia reciente de las telecomunicaciones de nuestro país se presenta la disyuntiva de mantener la concentración de las concesiones u optar por una distribución más abierta, que aliente la competencia.
Por desgracia, la atención se centra en tal dilema y se hacen a un lado las verdaderas necesidades del país en esa materia. Resulta indispensable, entonces, replantar el análisis respectivo para poner por delante los requerimientos de democratización, equidad y fomento a una libre y real competencia.
El gobierno del presidente Calderón, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), debe decidir si acepta una tercera –e incluso una cuarta– cadena de televisión abierta. Y ya surgen por un lado presiones de quienes detentan las concesiones principales, y por otro, las de aquellos que no las tienen y aspiran a conseguirlas. Además, diversos sectores de académicos, especialistas o comentaristas en los diversos medios de comunicación se han incorporado a la discusión pública, en la que, por supuesto, se han hecho presentes también los partidos políticos y los grupos parlamentarios. Incluso han hecho oír su voz algunos legisladores legítimamente interesados en esta problemática, lo mismo que otros que no ocultan sus preferencias y compromisos con grupos económicos que convienen a sus intereses particulares, aunque no a los de la ciudadanía a la que supuestamente representan.
En ese contexto, se escuchan argumentos bien fundados, opiniones sin demasiada reflexión, criticas, sugerencias, presiones y hasta exigencias, que en este caso provocaron que la entidad facultada para dirimir el asunto, la propia Cofetel, postergara su decisión, sin que se haya especificado aún la fecha en que se votará el proyecto del programa de concesionamiento de frecuencias para servicios de televisión abierta.
En el fondo del asunto intervienen intereses de diverso tipo: los ligados a grupos económicos muy poderosos, pero también los de orden político, lo que no es inusual en épocas electorales como la que vivimos.
La actual pugna también se ha asociado con la intención de alianza entre Televisa y el grupo Iusacell, filial de TV Azteca, que a decir de los críticos de dicha fusión no beneficiaría a los usuarios de servicios de telecomunicaciones ni llevaría inversiones nuevas al sector y sí, por el contrario, contribuiría a la concentración de la propiedad de los medios e implicaría prácticas monopólicas.
Por lo pronto, la Comisión Federal de Competencia negó la autorización para esa alianza entre las dos enormes empresas, que abarcan en conjunto casi 90% de las concesiones de televisión abierta. Se prevé que ambos consorcios –Televisa y la filial de TV Azteca– interpongan recursos legales contra esa decisión.
Sobre este tema tan debatido y que despierta tantas pasiones, considero que en primer lugar debe evitarse cualquier monopolio, sea cual sea su origen, a la vez que se generan las condiciones para una competencia real y equitativa. De ser así, me pregunto por qué no se permite que además de Televisa y TV Azteca se sumen dos o tres grupos más para que puedan ofrecer lo que se conoce como cuádruple play, o sea, que se conviertan en prestadores de servicios integrados (Internet, televisión de paga y telefonía fija y móvil).
Pero más allá de estas asignaciones, que deberán ser públicas, transparentes y en justa competencia, es obligado que cualquier medida que se tome en este ámbito repercuta en la calidad de los servicios y la reducción de costos para el público en general.
Pero el punto más sobresaliente es el de los contenidos, pues además de otorgarse tales concesiones con un criterio ecuánime y de desconcentración, habría que actuar en congruencia con los preceptos constitucionales, no solo en cuanto a evitar monopolios, sino esencialmente en lo que atañe a la función social de los medios electrónicos. Es decir, promover una programación que beneficie de manera decisiva a la educación, la cultura, la ciencia, y que difunda conocimientos que es preciso compartir con toda la sociedad; es el caso, por ejemplo, de las campañas vinculadas al uso racional del agua o al fomento de conductas cívicas. Igualmente esencial resulta contar con medios que nos proporcionen la información que nos permita conocer las realidades del país a partir de una óptica plural, crítica y propositiva.
Ojalá tengamos pronto en materia de medios de comunicación más libertad de expresión y una mayor democratización, pero, sobre todo, mejores contenidos en función de los valores más elevados y los más urgentes requerimientos de nuestra sociedad.
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