En las últimas dos semanas, la noticia más relevante del sector de comunicaciones fue la decisión de la Comisión Federal de Competencia de declarar a Telmex operador dominante. Pero esta decisión equivale a la muy tardía reivindicación de Galileo por el Vaticano. La noticia llega tarde y resulta intrascendente; o tal vez la noticia es que lo lamentable es que ésa sea la principal noticia.Parece innecesario que una autoridad nos diga que Telmex es el operador dominante en telecomunicaciones. Eso es del conocimiento público aunque todos lo callen. Pero la ley no prohíbe la dominancia, lo que castiga es el abuso de esa posición para eliminar a la competencia. Entonces, ¿cuál es el valor intrínseco de lo resuelto por Cofeco, además de ser una justificación académica de su existencia?Algunos han manifestado que esta declaratoria abre la posibilidad de establecer una regulación asimétrica a Telmex -es decir, obligaciones distintas a las del resto de los operadores-. Pero desde siempre, Telmex ha estado sujeta a una regulación diferenciada y, pese a ello, continúa siendo prácticamente imposible competir. El problema no es la falta de leyes sino la imposibilidad del Estado de hacer que las leyes se cumplan, y se cumplan con oportunidad.Todas las agencias reguladoras del mundo conocen, y todos los operadores dominantes aplican, o alguna vez han aplicado, la regla de las cuatro "D's", y Telmex no es la excepción: la primera es "Denegar": ante cualquier requerimiento de un competidor para conectarse con su red, la negativa del dominante es tajante. La segunda es "Demorar": ante las presiones del regulador, el dominante accede a la conexión pero la retrasa indefinidamente. La tercera es "Degradar", es decir, afectar la calidad del servicio, cuando ante una renovada intervención del Estado, el dominante se ve forzado a conectar de inmediato. Y la cuarta, que es "Depredar", la aplica cuando ya no queda más recurso y el dominante opta por tirar los precios al público, sin reducir los ofrecidos a sus competidores.En este comportamiento radica la verdadera dificultad de competir con Telmex. Y para este problema, la resolución de Cofeco es inocua y pasará a sumarse a la larga lista de procesos judiciales en el sector. Lo que sí consigue de inmediato esta victoria pírrica es justificar aún más la fuga de inversiones indispensables para el país.¿Cuántos serán los recursos que aplicará Telmex este año para el crecimiento y modernización de su red en México? La respuesta la dio a principios de año, cuando anunció una reducción de las inversiones proyectadas. Casualmente, días después, Telmex Internacional dio a conocer el incremento en los recursos destinados al resto de Latinoamérica. Y es que es una cuestión de lógica financiera, ¿quién va a invertir en nuestro país cuando existen otros que ofrecen una mejor expectativa de retorno de la inversión? No es únicamente Telmex, es Telefónica, es Televisa y todas las multinacionales que han optado por invertir en países latinoamericanos, antes que hacerlo en México. Y no es a través de pleitos interminables que conseguiremos atraer inversiones.No basta una declaratoria de dominancia que eventualmente pudiera llegar a forzar al dominante a cumplir la ley, cuando sea demasiado tarde. Es indispensable que el gobierno federal actúe para crear condiciones favorables a la inversión. Y para ello, no se ve otra salida que la de propiciar y liderar un consenso sectorial, haciendo uso de las cartas de negociación que el Estado tiene... que son muchas. Todos tienen algo que pedir o que quisieran impedir.Pero al parecer a nadie le interesa que la situación cambie. Asumamos que en un Estado ideal, Telmex estuviera dispuesto a cumplir con sus obligaciones y que a cambio obtuviera el derecho de utilizar su red para transmitir televisión. Para ello, tendría que invertir en su red para ofrecer los nuevos servicios. Por su parte, los competidores, es decir, los cableros y los operadores de telecomunicaciones, también tendrían que destinar recursos para no ser erradicados del mercado. Éste sería un círculo virtuoso que el gobierno podría generar, si estuviera dispuesto a asumir el costo de modificar el statu quo.Pero no es esto lo que quieren. Los operadores están cómodos en su nicho, ordeñando vacas y argumentando que el mercado mexicano no es lo suficientemente atractivo. A eso forzaría una solución de consenso; a una situación en la que todos tuvieran que invertir, y eso a ningún operador interesa, aunque de ello dependa el futuro del país.
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