En mi carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa, publicada por este diario el 30 de julio de 2009, insté al Ejecutivo federal a poner de lado su filiación política para asumir el papel de estadista. Entonces, como ahora, me parecía poco probable que su partido vaya a tener posibilidad de repetir en la Presidencia de la República para el próximo sexenio; por lo que lo exhorté para que, no habiendo nada que perder -porque en la práctica ya está perdido-, el país tendría mucho que ganar si como resultado se arriesgara a hacer realidad los cambios que México espera y que tanto necesita.Entonces inquirí lo que pasaría si, como medida de Estado, tomara la decisión de otorgar nuevas concesiones para la coexistencia de tres o más cadenas nacionales de televisión abierta. ¿No valdría la pena dejar como legado la esperanza de transformar la visión de la realidad que hoy los mexicanos tenemos de nosotros y de nuestro país? Me atreví a anticipar que una decisión como ésta podría alterar la inercia mediática y política actual, abriendo nuevos espacios plurales que fomenten la verdadera democracia, diluyendo el poder de la comunicación masiva, hoy concentrado en dos grupos mediáticos que acaparan el 95 por ciento de las concesiones de televisión en el país.Mi opinión de entonces no ha cambiado. En congruencia con ella aplaudo y reconozco la actitud valiente de un Ejecutivo que demuestra estar dispuesto a la confrontación inevitable con quienes hoy detentan el duopolio televisivo y con los defensores de sus intereses.La Constitución política mexicana establece la obligación de las autoridades de promover la competencia y, principalmente, de llevar a cabo las acciones requeridas para evitar la concentración de bienes de la nación en pocas manos. Pues bien, en cumplimiento de este principio fundamental de nuestra Carta Magna, el 2 de septiembre pasado el presidente Calderón publicó un decreto que tiene el potencial de romper paradigmas.Oculto tras el intrincado nombre de "Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre", el Ejecutivo dio el banderazo de salida para que a partir del próximo año puedan licitarse nuevas cadenas de televisión: "Televisión Digital Terrestre".En palabras lisas y llanas, el decreto del 2 de septiembre de 2010 establece la plataforma para que a partir del próximo año puedan surgir grupos que compitan con Televisa y TV Azteca, cuya aparición tendrá el potencial de alterar el equilibrio de las fuerzas políticas y mediáticas del país.Como era de esperar, inmediatamente se hicieron públicas las voces que se opusieron al anuncio presidencial; y no fueron las de las televisoras, sino las de terceros. Pero a nadie debe sorprender que la crítica provenga de frentes insospechados. Siempre habrá quienes por una razón u otra consideren ventajoso hacer suya la defensa de los intereses de dichos grupos.Existen razones sobradas para que la oposición a la apertura a la competencia de la televisión no sea evidente. Los defensores de los privilegios del duopolio televisivo tendrán que ocultarse tras razonamientos que nada tienen que ver con garantizar que, para el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio de la nación, se fijen políticas que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, evitando fenómenos de concentración que contraríen el interés público.Sirva de ejemplo el alegato de que el subsidio para la adquisición de aparatos decodificadores, que permitirán a la población tener acceso a más canales de televisión y nuevos servicios, tiene motivaciones exclusivamente políticas; como si la propuesta de revertir el incremento a la tasa del Impuesto al Valor Agregado aprobada el año pasado no diera lugar a sospechar que se peca de lo mismo que se acusa.Pero así como aparecerán opositores a las medidas para promover la aparición de nuevas cadenas de televisión, bien sea para evitar la confrontación con los grupos mediáticos actuales o por anticipar posibles beneficios políticos y personales, surgirán muchos que, conscientes de la oportunidad histórica que se les presenta, se sobrepondrán a la naturaleza egoísta del individuo y utilizarán los cargos que detentan para garantizar el interés de la nación por sobre cualquier otro. Tiempos como los que en una semana conmemoraremos, en los que algunos elevan su estatura y sacrifican sus ambiciones con tal de construir un mejor futuro.
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