Columna publicada el 05 de junio de 2020 en El Universal
Ella es María, vive en un municipio de Michoacán y su vida cambió desde 2013, cuando su esposo, su hijo y su hermano desaparecieron. Las autoridades locales no quisieron levantar su denuncia, dio mil vueltas a su agencia ministerial para que pudieran declararlos un año después, como desaparecidos. Al paso de los años, las autoridades dieron por cerrado el caso, dejándola en completo desamparo porque ya no había quien la apoyara.
Desesperada y sin recursos, viajó a la capital de su estado para hacer un plantón en el edificio de gobierno, ahí le dijeron que no podían hacer nada por ella pero que podía acudir a la Ciudad de México para que le dieran seguimiento a su “asunto”. Le argumentaron que sus familiares eran sólo tres personas más que se sumaban a los miles de desaparecidos en el país. Así, de un día a otro, se vio sin esperanzas, sin las personas que amaba, sin dinero, sin apoyo y sin instituciones que la respaldaran.
Finalmente se trasladó a la Ciudad de México y la canalizaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Con los temores propios de una persona que ha sido revictimizada por la burocracia de nuestro país, acudió a la CEAV. En 2016 encontró una instancia que le dio asistencia jurídica, psicológica, médica, apoyo alimentario y de traslado entre su municipio y la Ciudad de México. Estas medidas de reparación, le han servido para continuar la búsqueda por sus familiares y no darse por vencida.
Desafortunadamente, así como María, existen otras 34 mil víctimas más que hoy se encuentran en la incertidumbre, ya que el Presidente de la República ha decidido mediante un decreto, recortar el 75% del presupuesto de todas las instancias del gobierno federal. Sin duda, para la mayoría de las instancias, este recorte dificultará
sus actividades, pero a la CEAV, le imposibilitará brindar medidas de ayuda, asistencia, reparación y no repetición a las miles de víctimas de nuestro país.
A diferencia de otras instituciones, la CEAV –y esto si es un error de sexenios anteriores-, no cuenta con una infraestructura propia. Los edificios donde atiende son arrendados e increíblemente, si el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no corrige este lamentable riesgo, se despedirá al 60% de la plantilla laboral, ya que son subcontratados o eventuales. Con este recorte, se dejará de dar atención a las más de 7 mil 200 víctimas que se reciben mensualmente y se dejarán de tramitar más de 5 mil apoyos.
El recorte propuesto por el Titular del Ejecutivo Federal, pone en riesgo no sólo los derechos de las víctimas, sino también de quienes trabajan para garantizar los derechos humanos de los que acuden en busca de apoyo.
Esta decisión de recorte presupuestal no puede ser lineal. Urge que haya sensibilidad por parte del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda, hacerlo distinto será un mensaje muy lamentable. Las autoridades han dicho que se corregirá ésto, que puede ser incluso la destrucción de la CEAV, por el bien de las víctimas de este país, esperemos que así sea.
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