Uno de los valores más preciados de la democracia es la libertad de sostener ideas o creencias. Candidatos y votantes, en toda justa electoral, tienen ese derecho individual y colectivo frente a otras opciones, por más diferentes que sean unas de otras.
Pero no se trata de una simple tolerancia, sino de la convicción profunda que nos lleve a reconocer el derecho que tienen otros de pensar distinto o poseer su propia ideología.
Viene a propósito el comentario porque en nuestros procesos electorales todavía no se expresa plenamente la equidad de género. Esto se debe a la discriminación hacia la mujer, la misoginia y los prejuicios sociales ancestrales, que se extienden hasta nuestros días.
Es cierto que hay avances, y éstos son innegables, como la más reciente modificación constitucional en materia electoral, que establece la obligación de que haya paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular. En los comicios intermedios celebrados hace unos días se puso en práctica por primera vez esta disposición aprobada en la reforma política de 2014: todos los partidos políticos debieron incluir en sus candidaturas a 50% de mujeres.
Aún así, desde hace tiempo sabíamos que la presencia femenina no se reflejaría en esa proporción a la hora de ver quiénes ocuparán los cargos que estuvieron en disputa el pasado 7 de junio. Y eso no se debió tanto a la explicable diferenciación del voto ciudadano, sino a que los partidos ubicaron a las candidatas en los distritos electorales más competidos o donde había escasas probabilidades de éxito de acuerdo con el sentido del voto en elecciones anteriores; es decir, colocaron a las mujeres como candidatas de los llamados “distritos perdedores”.
Así, de las 500 diputaciones federales en juego, sólo 209 (41.8%) serán ocupadas por mujeres: 116 resultaron electas por mayoría relativa y 93 llegarán a la Cámara por el principio de representación proporcional.
De esas 209 mujeres que formarán parte de la LXIII Legislatura, 102 son de la coalición PRI-PVEM; 48 del PAN; 22 de la coalición PER-PT; 19 de Morena; 11 de Movimiento Ciudadano; 4 de Nueva Alianza y 3 de Encuentro Social.
En las gubernaturas se reproduce esta desproporción, pues de las nueve entidades donde hubo elección de poder ejecutivo sólo una tendrá una gobernadora.
Respecto del Distrito Federal, tan sólo la cuarta parte de las 16 delegaciones estará encabezada por mujeres: Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Y en la Asamblea Legislativa local únicamente 28 de las 66 diputaciones serán ocupadas por mujeres (16 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional).
Estos cuantos datos –que están sujetos a modificaciones derivadas de posibles impugnaciones en el Tribunal Electoral– nos muestran que falta mucho para alcanzar una plena presencia representativa de las mujeres. Es, sin duda, una prueba de que aún hay largo camino por andar para que se logre una verdadera equidad de género en las contiendas electorales en nuestro país, lo que sería estrictamente justo si consideramos que las mujeres somos más de la mitad de la población.
Pero lo cierto es que establecer esa necesaria equidad no se limita al aspecto cuantitativo. Es, por supuesto, un tema de justicia y democracia, pero también un asunto esencial para la nación: mientras haya más mujeres capaces que participan en la vida política nacional, las decisiones que se tomen desde el poder tendrán una perspectiva más integral y justa, para beneficio de todas y todos.
Facebook: Martha Chapa Benavides
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Comentarios
Habrá que seguir al pie del cañon.
y MUCHAS FELICIDADES MUJERES!!!!!