Absortos por las batallas de reclamaciones entre particulares que han concentrado poder económico, político y de mercado, hemos extraviado la mira. Ante el devenir de las presiones ejercidas por los grupos económicos, hemos permitido que los poderes del Estado opten por dejar hacer sin intervención, incurriendo en la gravísima responsabilidad de abdicar a las atribuciones que le fueron concedidas por el pueblo con el único objetivo de promover el interés de la nación.
El Estado está obligado a fijar la dirección y a dictar políticas tendientes al objetivo del bien común, garantizando a su ciudadanía la posibilidad de aspirar a una vida digna y un futuro mejor. Para ello, es imprescindible aprovechar el avance tecnológico para utilizarlo como palanca del desarrollo.
A nadie escapa que las tecnologías de la información atraviesan por una vorágine de innovaciones que ha provocado una revolución en nuestra forma de interactuar social y económicamente. En menos de tres décadas los avances tecnológicos han transformado la forma en la que se relacionan las personas, las empresas y el gobierno.
Pero la misma tecnología que puede servir de motor de desarrollo también puede ser generadora de una nueva forma de discriminación: aquella que se da entre quienes tienen acceso a la información y aquellos que no lo tienen: la llamada "brecha digital", que puede hacer aún más graves las asimetrías entre clases, incrementando la distancia entre ricos y pobres, y poblaciones urbanas y rurales.
En una visión renovada y con miras al futuro, el Estado debe abocarse a garantizar a la población, por igual, la mínima capacidad de apropiarse de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Desafortunadamente, el desarrollo y aprovechamiento de las nuevas tecnologías demanda cuantiosas y constantes inversiones, en un sector en el que las riendas del desarrollo se transfirieron al sector privado. Naturalmente, la aplicación de sus recursos está determinada por la expectativa de retorno de la inversión, lo que propicia el abandono de la población marginada. Aunque en el contexto actual el Estado carece de facultades para obligar a las empresas a invertir, eso no lo releva de la responsabilidad de allegarse de las políticas que sirvan de herramientas para generar incentivos de inversión o para aplicar recursos fiscales, cuando sea necesario.
No obstante, como sociedad hemos sido omisos y no hemos reclamado la falta de directrices y políticas del Estado, permitiendo que sean las libres fuerzas del mercado las que determinen cuánto, cómo y dónde invertir por las empresas. Nos hemos sumido en la inmediatez de la tragicomedia de los pleitos entre los conglomerados, permitiendo que las políticas actuales del Estado -o la ausencia de políticas- propicien la desinversión de los principales grupos económicos que operan en el sector.
Esto no sólo ha frenado el crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones nacional, sino que ha fomentado el abandono de las poblaciones marginadas, en las que prestar los servicios no sólo no representa utilidad sino que implica un costo, a veces muy elevado.
Pero es momento para que el Estado asuma su responsabilidad de rector de la economía; para preparar la plataforma que nos permita, como nación, recuperar el tiempo perdido y preparar nuestro despegue desde la posición de competitividad decreciente, que hasta ahora hemos tenido, hasta la posición de líder entre las naciones con mayor potencial y futuro.
De una vez por todas, debemos poner de lado la obsoleta división de los mercados de radio, televisión, voz, audio, video y datos; conceptos que hasta hace una década estaban separados pero que hoy representan la misma cosa: información, conocimiento y su accesibilidad para la población. Debemos abrir espacios para que todos los competidores se confronten en el mercado, con más y mejores servicios, a precios accesibles a la población.
En estos tiempos, las naciones de menor desarrollo corren el enorme riesgo de quedar cada día más rezagadas, haciendo imposible remontar la distancia que las separa de las naciones ricas. Para que esto no nos ocurra, estamos obligados a detonar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones en forma democrática, plural y hasta asistencialista, cuando sea necesario, para garantizar que todos los mexicanos, no nada más algunos, tengan acceso a las nuevas tecnologías y que las mismas no sean un impedimento para aspirar a un futuro mejor.
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