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El sistema político mexicano surgió de la alianza entre los grupos de poder emanados de la Revolución que se consolidaron bajo el liderazgo de los, en teoría, representantes de los intereses de industriales, campesinos, obreros y sindicatos de trabajadores. Estas agrupaciones pronto entendieron que sumando fuerzas podrían monopolizar el poder público y el gobierno, a través de la designación de presidentes sexenales con poder ilimitado, a los que les correspondía distribuir prebendas y privilegios a cambio de lealtad, apoyo electoral y recursos.La división de poderes resultó una fórmula eficaz para satisfacer las ambiciones de poder político de las fuerzas aglutinadas bajo las siglas de un partido, que sexenalmente repartía gubernaturas, alcaldías, curules, plazas, cargos y posiciones como parte de un botín.Pero los monarcas sexenales aunque absolutos eran temporales y buscaron preservar su poder político a través del poder económico que pudieran adquirir para sí o para una élite de allegados, que a cambio de los favores recibidos quedaban en deuda permanente y les garantizaban veladamente la trascendencia e injerencia en la vida política nacional que deseaban a futuro. Al igual que en la de la Francia de Luis XIV, la relación simbiótica entre los leales al sistema y los detentores del poder absoluto pero temporal diluyó la frontera entre el poder político y el poder económico haciéndolos interdependientes, de tal manera que para tener uno era indispensable contar con el otro, y viceversa.Los movimientos sociales de fines de los sesenta y comienzos de los setenta, y su represión utilizando los peores métodos de las tiranías, generaron suficiente presión para abrir camino a la participación política de grupos de oposición y a la aparición de grupos independientes, que en 1988 se sumaron en el apoyo a un líder que consiguió lo inaudito para un país acostumbrado a ser gobernado por el agraciado con el "dedazo".El cuestionado resultado de las elecciones presidenciales de 1988 obligó al nuevo gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari a abrir espacios. Por primera vez la oposición ganó gubernaturas, cargos legislativos y presidencias municipales. Para 1997 consiguió elegir suficientes legisladores para ser mayoría en el Congreso, abriendo el camino a la esperanza de cambio. En menos de una década el poder absoluto del presidente de la República había dejado de existir y nuevas fuerzas de poder alteraron el orden preestablecido.

El Congreso dejó de estar supeditado al Ejecutivo, por lo que la aprobación de leyes y presupuestos requirió de negociación con los integrantes de las legislaturas que se consolidaron en bloques partidistas. Así, y desde su participación en el Congreso, los partidos políticos de oposición se transformaron en factores de poder real.Pero también se convirtieron en nuevos actores de la negociación política de privilegios y concesiones, a cambio de las cuales pactaban con el Ejecutivo su voto favorable para las iniciativas. Esta capacidad de intercambio les confirió un poder adicional: el de interlocución en favor o en contra de los grupos económicos que controlan la economía del país, cuyo dominio de sus mercados estaba expuesto al riesgo de ser vulnerado por la aprobación de leyes que generaran condiciones para la competencia -de la que siempre estuvieron protegidos.Súbitamente, los grupos económicos privados tuvieron que ajustarse a una nueva realidad y para defender sus intereses modificaron estrategias para tender puentes con la oposición.

Pero si las nuevas circunstancias hicieron necesario el acercamiento de los factores económicos de poder a las distintas fuerzas políticas, muy pronto los partidos se percataron de que el poder recién adquirido -o la permanencia del mismo- dependía a su vez del apoyo que pudieran obtener de los dueños del capital, particularmente en tiempos electorales.Nuevamente los políticos dependían del capital para mantener e incrementar su poder; y el capital necesitaba de los políticos para mantener el statu quo. ¡Qué largo y penoso trayecto para regresar al punto de partida!Pero aún no es demasiado tarde para lograr la transformación de las estructuras del Estado que garanticen la permanencia de un régimen participativo y democrático, a través del que se definan y ejecuten las políticas públicas indispensables para resolver los problemas más apremiantes del país.Debemos entender que no podemos delegar en una persona la responsabilidad de la transformación que México requiere. No son otros -sino nosotros- los que debemos realizar el cambio, generando una agenda nacional de consenso que sea la carta de navegación en un gobierno de coalición que aglutine, que sume, que una a los mexicanos.Sólo unidos, sólo aliados, podremos lograr lo que confrontados no hemos conseguido.