La divulgación del acontecer económico, político, social y de entretenimiento del mundo y del país está enteramente en manos de los medios masivos de comunicación: la televisión y la radio. En circunstancias de apertura y amplia competencia, esta situación no representa un problema. Pero en nuestro país los medios masivos de comunicación están controlados por unos pocos grupos, que o bien se ven expuestos al riesgo de ser forzados a distorsionar y hasta ocultar información por los poderes del Estado -como ya sucedió en el pasado-; o peor, enfrentan la tentación de utilizar su poder mediático para promover sus intereses o los de sus allegados. No en balde se les considera poderes fácticos del país.Es evidente que la única solución posible a esta encrucijada radica en incrementar la diversidad de opciones de comunicación masiva para toda la población: es decir, generar competencia en los mercados de la radio y la televisión. Pero éste es tal vez el cambio estructural más difícil de implementar, por el poder de los intereses que afecta.Pero algo podría estar cocinándose próximamente en el Senado de la República. Según información de primera mano, el grupo parlamentario del PRD en el Senado tenía programado reunirse la tarde de ayer para debatir, entre otros temas, la presentación del dictamen del Proyecto de Decreto que Adiciona, Reforma y Deroga varios artículos de la Ley de Radio y Televisión.Se trata del mismo proyecto que a comienzos de diciembre del año pasado pretendió ser presentado por el senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para su aprobación por el Senado. Entonces, y pese a que el proyecto contaba inicialmente con el respaldo del PRI, su presentación fue descarrilada por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), que mediante la publicación de un inusitado desplegado que calificó al proyecto de "chavista" manifestó su desacuerdo.El debate del grupo parlamentario del PRD que con relación a este tema debió llevarse a cabo en el transcurso de la tarde de ayer tenía programado centrarse en las posibles soluciones para el problema del vencimiento de las concesiones de estaciones de radio. Por un lado, se esperaba que el senador Pablo Gómez argumentara que conforme a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional el artículo 16 de la llamada "Ley Televisa", es indispensable que al vencimiento de las concesiones se lleven a cabo procesos de licitación en los que se confiera al concesionario original el derecho de preferencia.Por otro, se anticipaba que el senador Carlos Sotelo defendería el proyecto, que a fin de otorgar certidumbre jurídica a los actuales concesionarios y fomentar la continuidad de las inversiones propone sustituir el "refrendo automático", originalmente previsto por la "Ley Televisa", por la "prórroga" de las concesiones aplicando supletoriamente lo establecido por la Ley Federal de Telecomunicaciones, que requiere el cumplimiento de requisitos de ley y el pago de una contraprestación.Lamento que la ausencia del senador Pablo Gómez haya postergado la discusión de un proyecto que en mi opinión representa una luz al final del túnel. Independientemente de posturas, el proyecto es una propuesta de solución a la parálisis por la que atraviesa el sector y su debate es necesario.Independientemente de lo anterior, y analizando las minutas del debate entre los ministros y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, me parece que la preocupación con los "refrendos automáticos" de concesiones previstos por la llamada "Ley Televisa" queda resuelta por el proyecto mediante una doble fórmula: la prórroga de las concesiones sujeta al cumplimiento de los requisitos de ley mediando el pago de una contraprestación; y, la posibilidad de otorgamiento de concesiones a nuevos participantes, que estaría asegurada siempre que también se apruebe el artículo segundo transitorio del proyecto, que al reducir de 800 a 400 KHz la separación entre emisoras de FM, da cabida a nuevos participantes.Es cierto que el proyecto plantea un quid pro quo del que la CIRT obtendría ventajas, pero también propone una solución que de forma pragmática resuelve uno de los problemas del sector, con un saldo favorable a la sociedad. Ojalá que PRI y PRD no se olviden de que si bien esta iniciativa no es la "integral" que aparentemente todos desean, sería la primera en muchos años que sentaría bases para la apertura del mercado de los medios masivos de comunicación.
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