Desde comienzo de año, la presente administración ha presentado al Congreso iniciativas de reformas legales de la mayor trascendencia para el país. Sin considerar la reforma fiscal aprobada por el Legislativo en diciembre pasado -que sólo se abocó a cubrir el supuesto "boquete presupuestal" anticipado-, el Ejecutivo ha sometido iniciativas para la reforma política del Estado, la reforma laboral, las reformas en materia de seguridad y la más reciente, para fortalecer la política de competencia económica. Todas y cada una de ellas son fundamentales e indispensables para recuperar la senda del desarrollo. Sin ellas quedará frustrada la transformación que el país tanto necesita.El esfuerzo del Ejecutivo por presentar al Congreso iniciativas consistentes con el decálogo de cambios propuestos en el Tercer Informe de Gobierno de septiembre del año pasado es loable; y aunque en mi opinión su contenido diste de contemplar soluciones integrales para los problemas de fondo, que son lastre para el país, son un buen punto de arranque para el debate.Sin embargo, siendo realistas, faltan poco más de 15 días para que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso, y nadie se atrevería a pensar que en tan breve plazo el Legislativo consiga debatir, consensar y aprobar siquiera una de las iniciativas presentadas. Inclusive, dada la trascendencia de los temas, aprobar las propuestas del Ejecutivo sin un análisis a conciencia sería una irresponsabilidad.A menos que la Comisión Permanente convoque a sesiones extraordinarias, el siguiente periodo ordinario comenzará el 1o. de septiembre, y es de esperar que el Congreso centre su debate en el paquete fiscal del año próximo, que debe ser aprobado antes del 15 de diciembre. Después de eso, resulta difícil imaginar que a partir del 2011, el Congreso desvíe su atención a temas distintos a los que políticamente se estimen convenientes dentro de la vorágine anticipatoria de la sucesión presidencial del 2012.Tan sólo resta aspirar a que la reforma política del Estado sea considerada indispensable para conseguir el voto favorable de la ciudadanía, porque del resto de las iniciativas poco se puede esperar.Pongamos como ejemplo la iniciativa para fortalecer la competencia presentada por el Ejecutivo el lunes pasado. Es innegable que las propuestas concretas del proyecto son imprescindibles para fortalecer a la Comisión Federal de Competencia. Que es crítico que la Comisión cuente con facultades que le permitan en forma efectiva evitar el abuso de poder por quienes detentan poder sustancial en los mercados en los que actúan.Pero es de esperar que la iniciativa sufra el embate de los grupos monopólicos y oligopólicos, que ejercerán su poder en el Congreso para obstaculizar la eventual aprobación de la reforma. Entonces, a menos que se convoque a sesión extraordinaria del Congreso a partir de mayo próximo, esta iniciativa sólo se comenzará a debatir en el 2011, cuando los partidos políticos estarán buscando el apoyo de los grandes de la economía mexicana.Baste pensar en el duopolio de la televisión abierta y de la televisión de paga, cuyo favor será determinante para el resultado de las elecciones; o en América Móvil, dueña del control de Telmex y de Telcel, que conjuntamente avasallan en los mercados tradicionales de telecomunicaciones; o de Cementos Mexicanos, Maseca, Grupo México, entre tantos otros.Pero aunque el Congreso decidiera aprobar sin debate la iniciativa de competencia económica, lo cierto es que ésta no alterará la estructura monopolista de la economía mexicana. Será apenas en una medida que permitiría sancionar con mayor eficacia las prácticas monopólicas, pero que ni las previene ni corrige la concentración de los mercados. Una iniciativa de esta naturaleza, que puede ser la solución en países en los que la competencia está arraigada, es insuficiente en el nuestro, en el que la concentración económica representa una barrera de entrada casi insalvable para cualquier interesado en competir.Pero algo queda claro. Lograr la transformación radical del país requiere de mucho más que la mera presentación de iniciativas; demanda consultas y consensos con los principales partidos representados en el Congreso previos a su presentación a fin de facilitar el tránsito efectivo para su eventual aprobación. Lo contrario es política ficción, al suponer que el Ejecutivo cuenta con una mayoría indiscutible en el Congreso, dispuesta a firmar cheques en blanco a la usanza del viejo presidencialismo.
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