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Las conclusiones y propuestas plasmadas en el “Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Guanajuato” dejan ver que nuestra entidad falla en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

          El feminicidio es la violencia llevada al extremo, y el Grupo de Trabajo que elaboró dicho informe, conformado por académicas, funcionarias y funcionarios públicos, concluyó lo que las organizaciones de la sociedad civil solicitantes de la emisión de una Alerta de Violencia de Género sostienen: un incremento en los casos de muertes violentas de mujeres en el estado de Guanajuato, especialmente, en el municipio de León.

          Son trece las conclusiones de donde se desprenden el mismo número de propuestas que el gobierno del estado ha aceptado. Ahora cuenta con seis meses para su cumplimiento. Un acierto de dichas recomendaciones es que cuentan con indicadores de medición, con lo que se traza no sólo el mapa, sino también los puntos a donde se debe llegar.

          Las fallas son graves. Para empezar, el grupo de trabajo considera que no todas las autoridades que atienden casos de violencia contra las mujeres cuentan con la perspectiva de género adecuada; y a pesar de que cuentan con espacios de capacitación estos son “superficiales, no tienen planeación estratégica y mecanismos de seguimiento y evaluación. Asimismo, se observó que estas personas no cuentan con las herramientas suficientes para conocer y reconocer la discriminación que viven las mujeres en su vida cotidiana, lo que conlleva a que realicen valoraciones estereotipadas y con prejuicios. De igual forma, se constató que los mecanismos de contención emocional son insuficientes”.

          El grupo de trabajo también señaló la falta de presupuesto etiquetado a programas transversales dirigidos a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la inexistencia de información sistematizada sobre la ocurrencia de eventos que constituyen cualquier tipo de violencia contra ellas en todos los ámbitos, así como falta de confiabilidad en el sistema de información que da cuenta de la situación de la violencia feminicida en la entidad, esto debido a que existen inconsistencias y contradicciones entre las diversas fuentes de información respecto a dicha situación.

          Por otro lado, los protocolos utilizados para investigar los delitos de feminicidio, violencia intrafamiliar, violación de mujeres y no localización de mujeres, que datan de marzo de 2014, aún no han sido publicados en el Periódico Oficial y no cuentan en su totalidad con una adecuada perspectiva de género, ni están elaborados de conformidad con los parámetros establecidos en los estándares internacionales en la materia. Las fuerzas policiacas municipales y estatales tampoco cuentan con protocolos o manuales de actuación requeridos.

          Otras observaciones: en los casos de violencia contra la mujer no siempre se garantiza la reparación integral del daño en concordancia con el marco jurídico nacional e internacional bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.

          Los servicios multidisciplinarios que los Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral de la Violencia ofrecen a las mujeres en situación de violencia no son especializados.

          Inexistencia de programas de atención y reeducación para hombres generadores de violencia; campañas realizadas por el estado con poca difusión y permanencia, sin perspectiva de género ni promoción de los derechos humanos de las mujeres; necesidad de reforzar y evaluar el impacto y efectividad de las distintas medidas presentadas para hacer efectivo el pronunciamiento de “cero tolerancia” a la violencia contra las mujeres; necesidad imperiosa de reformar el Código Penal para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de que la violencia contra las mujeres sea sancionada de acuerdo a su gravedad y con ello evitar la impunidad son otras observaciones del grupo de trabajo.

          Las conclusiones del Informe dejan ver, pues, el esfuerzo que las autoridades han hecho para la erradicación de la violencia hacia las mujeres pero sin perspectiva de género, sin apego a estándares internacionales, con poco tino y presupuesto, y sin medición de impacto, por lo que la aceptación de las recomendaciones es un primer paso que abre la esperanza de que se subsanen las fallas que hoy alientan la misoginia y el feminicidio en nuestro estado Guanajuato.