En el aparentemente irredimible pleito entre los grandes consorcios de las comunicaciones, en menos de una semana el gobierno asestó dos golpes a una de las partes: Teléfonos de México. El primero llegó el 27 de mayo pasado, con la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de negarle a esa empresa la posibilidad de ofrecer televisión restringida; y, el segundo, ayer, por parte de la Comisión Federal de Competencia, que le impuso una multa de 91 millones 500 mil pesos por negarse a proporcionar interconexión.
Si a lo anterior se suma la sanción impuesta hace mes y medio a Telcel, la operadora móvil de Telmex en México, por casi 12 mil millones de pesos, no sería ilógico pensar que el gobierno tomó partido en la cruzada en contra de las empresas del hombre más rico del mundo, en la que se aliaron Televisa y TV Azteca, operadores de cable -casi en su totalidad-, y empresas telefónicas.
No obstante, antes de llegar a esa conclusión es necesario considerar otra noticia que también ayer irrumpió en el terreno de este conflictivo sector: la publicación en el Diario Oficial de la Federación del extracto del acuerdo de la Cofeco de dar inicio a la investigación de la existencia de prácticas monopólicas en el mercado del "triple play", es decir, el paquete de servicios de telefonía, internet y televisión restringida.
Conforme al extracto, la investigación de la posible comisión de estas prácticas es resultado de una denuncia en la que se aportaron suficientes elementos para dar inicio al proceso. Y la acusación es grave: la comisión de prácticas monopólicas absolutas que pueden consistir en acuerdos entre competidores para fijar precios y para dividirse el mercado.
Aunque el acuerdo no indica quiénes podrían ser los probables responsables que serán llamados por la Comisión para dar cauce a su defensa, existen indicios que pudieran dejarnos ver tras los resquicios de esta investigación.
El primero es el curioso fraseo del extracto, que se refiere a los mercados de "producción", "distribución" y "comercialización" de servicios de telefonía, acceso a internet y televisión restringida. Pero, técnicamente, estos servicios ni se producen ni se distribuyen, sino que se ofrecen o se prestan.
Tal vez en esa combinación de palabras radica la clave para identificar a los sujetos que estarán siendo investigados, ya que al hablar de producción y de distribución en los mercados del "triple play", sólo se puede pensar en "contenidos" que son producidos y distribuidos por las empresas de televisión, o sus distribuidores autorizados. Es decir, la programación transmitida a través de las redes de televisión restringida.
Si a este elemento se suma el hecho de que únicamente las operadoras de televisión por cable cuentan con la autorización para prestar los servicios de "triple play", es posible pensar que una o varias empresas cableras serán sujeto de la investigación. Y, si así fuera, no debería ser una sorpresa, porque denuncias respecto a prácticas monopólicas en los mercados de producción y distribución -que asumo que es de contenidos- ha habido muchas, sin que se hiciera nada al respecto.
Sin refugiarse en un optimismo ingenuo, es posible asumir que las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, promulgadas el 9 de mayo pasado, que reforzaron las facultades de la Cofeco para indagar y sancionar la comisión de estas prácticas monopólicas, facilitarán y agilizarán el curso de las investigaciones, para llegar a una decisión con trasparencia. Si fuera así, las sospechas de una posible inclinación del gobierno a favor de una de las partes del conflicto quedarían anuladas.
Nadie duda que el problema de concentración de mercado en todos los segmentos del sector de las comunicaciones es estructural. De origen, algunos pocos recibieron concesiones, sea en forma gratuita o pagando por ellas, que en realidad han operado como patentes de corso que excluyen a todos los no afortunados. Y si bien es imprescindible frenar de tajo las tácticas que crean barreras a la competencia en telefonía, también es indispensable resolver la concentración en los mercados de televisión, tanto abierta como de paga.
No cabe anticipar albricias. Habrá que esperar a que la investigación iniciada por la Cofeco siga su curso, sin que sea interrumpida u olvidada. Pero de ser éste el caso, estaríamos frente a la decisión del gobierno de resolver el problema de las comunicaciones en México sin partidismos, y sólo restaría esperar a la licitación de nuevas cadenas de televisión
Comentarios
El poder económico es el poder, sin embargo en este caso, el poder de intereses vendidos previamente por las televisoras a políticos es evidente. No es que este a favor de Carlos Slim. Ni creo que a èl o los Televisos o aztecas les importe mi opinión. Sin embargo es muy clara la intensión de que el biopolio, tiene compradas o secuestradas a los poderes de esta nación. Y a los pobres mortales ciudadanos nos siguen tratando como retrasados mentales. Otra vez se ve como el poder desde la presidencia, el judicial y las cámaras sirven para tener sueldos extratosfericos y nada mas…ojala no le apliquen a Slim lo que a José Gutiérrez Vivó, juicios ganados y no ejecutados por ordenes superiores. Solo en el país de no pasa nada suceden estas cosas.