Esta semana se dieron a conocer dos hechos relevantes relacionados con mi tierra natal, Nuevo León. Ambos me conmovieron y me llevaron a una serie de reflexiones, que quiero compartir con ustedes.
Por una parte está la escalofriante realidad de las personas víctimas de desaparición forzada en la entidad. Se trata de un fenómeno alarmante y angustioso que, como sabemos, ocurre a lo largo y ancho del país y alcanza una expresión de escándalo en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Ahora confirmamos que también en Monterrey se han presentado desde hace varios años esas dolorosas experiencias. El hecho, aunque no es nuevo, se convirtió en noticia hace unos días debido a que en las faldas del cerro de las Mitras, cercano a la carretera que conduce a Saltillo, un grupo de ciudadanos se dio a la heroica tarea de buscar a sus familiares desaparecidos que, suponen, podrían estar sepultados ahí en fosas clandestinas.
Se trata de mujeres y hombres desesperados –padres, hijos, hermanos, cónyuges de desaparecidos– que despliegan sus propias pesquisas ante la incompetencia de las autoridades policiacas, que a su negligencia suelen sumar los agravios de la corrupción y la impunidad. Estos mexicanos que sufren en carne propia la ausencia inexplicada de sus seres queridos han formado la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, inspirada en otra agrupación ciudadana, ésta de Coahuila, llamada grupo Vida (Víctimas por sus Derechos en Acción). El grupo Vida fue fundado por Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, madre de Stephanie, desaparecida en 2004 cuando era una adolescente de 16 años. Aunque por desgracia la joven aún no ha sido encontrada, su madre ha promovido decenas de recorridos –varios de ellos exitosos– para buscar fosas clandestinas y localizar los restos de personas desaparecidas.
Los familiares realizan esta tarea independiente debido a que la Procuraduría estatal nunca ha querido revisar los puntos geográficos que ellos les han señalado como posibles lugares de fosas clandestinas. Por el momento han encontrado retazos de ropa y zapatos de mujeres en esa área de Las Mitras, donde también se hallaron en 2012 los restos de la joven Brenda Damaris González Solís, que había desaparecido un año antes en Santa Catarina, al parecer a manos de policía municipal, en un crimen aún no resuelto.
El otro hecho al que aludo y no puedo dejar de relacionar con el anterior es la decisión del nuevo gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, para otorgar la autonomía de la policía de Monterrey a nivel municipal, lo cual implica que el gobierno estatal se abstendrá de intervenir y en consecuencia quedará al margen de responsabilidades en la materia.
Y si bien en principio es positivo que el municipio como tal asuma el control y participe decididamente en resguardar los intereses y el bienestar de la población regia, no me parece acertado que el gobierno estatal se abstenga y se retire, cuando lo prioritario y urgente es que todo el país sume esfuerzos, voluntades, infraestructura y policías; eso sí, delimitando muy bien responsabilidades, recursos y facultades, pero siempre manteniendo una articulación plena, pues apenas conjuntando todos los recursos podrá hacerse frente a la poderosa acción de los carteles y la delincuencia en general. Conviene recordar que Monterrey era el único municipio del estado que compartía, así fuera en menor grado, la vigilancia policial con la autoridad estatal.
Estamos, pues, a tiempo de afinar y diseñar el modelo idóneo a fin de conseguir más y mejores resultados. Se requiere sopesar de manera adecuada ciertas decisiones que en principio parecen correctas y hasta respetuosas del artículo 115 constitucional respecto a la autonomía municipal, pero que en el fondo dejan a un lado la necesaria complementariedad de los poderes tanto federal y estatal como municipal, sobre todo en un rubro tan delicado y vulnerable como es la seguridad pública. Fundamental será, entonces, que se estrechen los vínculos entre las autoridades responsables de la seguridad pública y también con los grupos de la sociedad civil que reclaman legítimamente la protección de sus personas y sus bienes como un derecho esencial.
Como ven, se trata de dos asuntos que tienen por escenario a Nuevo León y que podrían parecer independientes uno del otro, pero que guardan estrecha vinculación en tanto que responden a una exigencia de primer orden de la sociedad mexicana: acabar con la inseguridad e impulsar una sociedad que pueda vivir en la paz y la prosperidad.
Facebook: Martha Chapa Benavides
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