La semana pasada la Suprema Corte de Justicia dejó desnudo de facultades al secretario de Comunicaciones y Transportes en materia de radio y televisión, al confirmar que esas atribuciones son exclusivas de Cofetel, tal y como lo previó la Ley de Radio y Televisión aprobada por el Congreso en 2006, mejor conocida como "Ley Televisa".Ya desde entonces, múltiples voces se levantaron en contra de una Comisión tan poderosa. No porque se pensara que su mayor autonomía fuese contraria a los intereses del país, sino por las cuestionadas formas que llevaron a la designación de sus integrantes, quienes, de origen, quedaron marcados por la sospecha de estar vinculados a los intereses de las empresas que impulsaron la sórdida aprobación de la tan cuestionada ley, a la que debían sus cargos.El debate fue tal que dos de los actuales comisionados, inicialmente propuestos por el presidente Fox pero vetados por el Senado, defendieron ante tribunales su derecho a ocupar los cargos, cuestionando por la vía de amparo el derecho a veto de la Cámara alta del Congreso, como una clara interferencia del Legislativo en las atribuciones del Ejecutivo. Posición que fue confirmada por la Corte.Por su triunfo en contra de una de las partes fundamentales de la satanizada ley, en septiembre de 2008 estos comisionados asumieron sus cargos bajo el manto protector de la percepción de independencia; prácticamente inmunizados de cuestionamientos a la imparcialidad de sus decisiones, limpios de cualquier culpa que pudiera derivarse de su gestión como subsecretario de Comunicaciones y director jurídico de la SCT, posiciones que ocuparon hasta la decisión final de la Corte.Pero sus actuaciones recientes dan pie a la sospecha. A pocos convence la tragicomedia que públicamente nos presentó uno de esos comisionados confesándose como "inepto" por firmar el acta de una sesión del pleno de la Comisión, en la que quedó asentada una posición contraria a la que dice haber sostenido: y esto, en uno de los casos más controvertidos del sector. Bastaría con dar a conocer la versión estenográfica de dicha sesión para esclarecer el asunto, tal y como lo solicitó algún legislador. Pero eso no conviene ni a tirios ni a troyanos.Tampoco son explicables los elogios del otro comisionado a la reciente decisión de la Corte de echar abajo disposiciones del reglamento interior de la SCT que le resta atribuciones al secretario para regresarlas a Cofetel; reglamento del que por cierto fue autor -al menos en su proyecto-, en los tiempos en que fungía como director general Jurídico de esa dependencia.Pero ante el cuestionamiento de unos y la defensa a otros, es claro que el meollo del debate no es si la Cofetel debe o no tener mayor autonomía para la regulación del sector, sino si los integrantes de dicha Comisión pueden hoy o podrán algún día tener independencia para decidir los asuntos de su competencia, sin que sus decisiones sean respuesta a las presiones políticas o a los intereses de los entes regulados.Teóricamente, los órganos colegiados son menos proclives a ser capturados. Desde esa perspectiva habría que defender la autonomía de la Cofetel. Pero la realidad nos presenta pruebas en contrario. Y no me refiero sólo al cuestionamiento, justificado o no, de la imparcialidad del presidente de la Comisión; sino a la posibilidad de poner en tela de juicio la neutralidad de cada uno de sus miembros. En materia de comunicaciones sorprendería que alguien piense en corderos cuando es evidente que sólo hay lobos disfrazados.En esta realidad compleja, es imposible aspirar a conformar un órgano colegiado cuyos miembros atiendan exclusivamente al interés público, resistiendo los embates de los principales grupos económicos y mediáticos que ni siquiera los poderes del Estado consiguen dominar. Su mera designación los compromete de origen y los cuestionará en el futuro.Pero pese a ello, la alternativa resulta más desalentadora. Dejar en manos de la SCT la regulación de los poderes fácticos es como dejar la iglesia en manos de Lutero; por naturaleza sus decisiones serán políticas y no técnicas. En mi opinión, es preferible sentar las bases para el fortalecimiento de instituciones a cuya independencia debemos aspirar, dando un voto de confianza a aquellos que hoy se desempeñan como comisionados; considerando que, al menos para ellos, los factores políticos no son determinantes para su permanencia en el cargo. Eso, aunque los lobos pretendan manipular la opinión pública para evitarlo.
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