A casi 100 años de que se expidiera nuestra carta magna, se reaviva el debate entre quienes defienden su vigencia conceptual y aquellos que hablan de su anquilosamiento histórico.
Aun cuando la discusión se hará más notoria a medida que nos vayamos acercando al 2017, cuando se cumplirá un centenario de haberse expedido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya existen múltiples estudios de diversos centros educativos y de investigación jurídica que conforman toda una maraña de opiniones sobre su articulado.
Al respecto, sin embargo, se puede decir que hay dos grandes tendencias: la de quienes consideran que la Constitución conserva su vigencia y funciona de manera adecuada, si bien es perfectible, y la de quienes afirman que es indispensable reformarla tan a fondo que admiten en la práctica la idea de formular una nueva Constitución.
En lo personal, considero que el documento signado el 5 de febrero de 1917 por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza (por supuesto, con todas las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo), todavía es funcional en nuestros días, aunque también reconozco que es urgente enriquecer algunas de sus partes; es decir, proceder a una revisión para actualizarla y mejorarla de acuerdo con las realidades de la nación de hoy día. Y lo asumo así en el entendido de que una Constitución completamente nueva solo se requeriría en el caso de necesitarse un cambio radical y de fondo, lo que no es el caso del México de nuestros días. Hoy sabemos qué queremos y cómo ser en lo esencial.
En este sentido, estoy convencida de que si bien caben algunas modificaciones o adiciones que la hagan más precisa, también es imperativo el cumplimiento cabal de las leyes. Cuántas veces hemos insistido como sociedad en que en nuestro país no se vive conforme a derecho, pues tenemos leyes bien delineadas, pero en la práctica estas no se cumplen.
Asimismo, las ya más de 500 reformas que se han introducido en el texto desde que se promulgó en 1917 han mermado la posibilidad de su clara lectura, interpretación y aplicación. Lo cierto es que siempre me ha preocupado el poco conocimiento que en general tiene la ciudadanía de nuestra Constitución Política, situación que salta a la vista, pues nuestra ley esencial no se enseña en las escuelas –públicas y privadas– con la precisión, profundidad y frecuencia que amerita.
Peor aún, hemos testimoniado la ignorancia y a momentos hasta el ridículo que han hecho candidatos a cargos de elección popular, políticos y servidores públicos –federales, estatales y municipales– cuando en sus discursos o entrevistas de prensa equivocan, confunden o de plano ignoran artículos fundamentales en materia constitucional.
Por eso, en esta nueva celebración del 5 de febrero no puedo ni debo dejar de convocar a una reflexión seria y a fondo no solo para conseguir un documento más puntual y de fácil entendimiento para cualquier ciudadano, independientemente de su edad, educación o ubicación socioeconómica, sino para inculcar nuestros principios constitucionales desde la niñez con el fin de lograr su mejor comprensión y cumplimiento, así como el fortalecimiento de la conciencia cívica.
Además, este año, en el cual celebraremos elecciones presidenciales, constituye una magnífica oportunidad para que una vez electo el presidente en turno se abran espacios de discusión pública con vistas a perfeccionar nuestra carta magna, de tal manera que dentro de un lustro, al cumplirse un siglo de su promulgación, conmemoremos con mayor pertinencia y convicción esa ley fundamental que nos rige a todas y todos los mexicanos.
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