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Las desigualdades en el trabajo de cuidados no remunerado y en la fuerza de trabajo están estrechamente relacionadas. No pueden realizarse progresos sustantivos en la consecución de la igualdad de género en la fuerza de trabajo, si no se afronta en primer lugar la desigualdad en la prestación de cuidados no remunerada a través del reconocimiento, la reducción y la redistribución de estos, entre las mujeres y los hombres, así como entre las familias y el Estado. 

Las políticas de cuidado son políticas públicas que asignan recursos para reconocer, reducir y redistribuir la prestación de cuidados no remunerada en forma de dinero, servicios y tiempo. 

Abarcan la prestación directa de servicios de cuidado, tanto infantil como de personas mayores, y transferencias y prestaciones de protección social relacionadas con los cuidados destinados a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares o de cuidado, a las cuidadoras y cuidadores no remunerados, o a las personas que requieren cuidados. También incluyen infraestructura pertinente para el cuidado, que reduce el trabajo para las mujeres, como recolectar agua y proporcionar servicios de saneamiento y provisión de energía. Comprenden asimismo normas laborales, como políticas relativas a las licencias y otras modalidades de trabajo favorables a la familia, que permiten conciliar mejor el empleo remunerado con el trabajo de cuidados no remunerado” (OIT, 2018:10). 

• Reconocer:

  Hacer visible y revalorizar el trabajo de cuidados como un bien común, como derecho y libertad. El cual es fundamental para el bienestar de las sociedades y para el funcionamiento de la dinámica productiva, tanto como bien prestado al interior de los hogares, y en ellos por las mujeres, como desde su consideración de sector económico de empleo decente en pleno auge.
• Redistribuir:
  Significa pasar de una visión de responsabilidad privada del cuidado a una compartida socialmente con participación de todos los agentes del diamante del cuidado: Estado, familia, comunidad y mercado. Distribuir de manera más justa y equilibrada el trabajo de cuidados no remunerado y las responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres. En decir, construir una narrativa de responsabilidad colectiva del cuidado, con protagonismo del Estado.
• Reducir:
  Ampliar la oferta pública y privada de cuidados desde un enfoque de derechos (el derecho a los cuidados como derecho clave de la ciudadanía), un enfoque de género y de inclusión social (Accesibilidad) basado en los principios de igualdad, ajuste razonable, universalidad y solidaridad para cubrir la alta demanda de cuidados que asume actualmente las mujeres y así reducir la carga del trabajo no remunerado que ellas soportan en los hogares desproporcionadamente (ONU Mujeres, 2018). Teniendo en cuenta que el trabajo de cuidado hace parte de las cadenas de valor económicas, la reducción del trabajo de cuidados no remunerado y el ajuste de las políticas laborales de las personas que son cuidadoras tanto para hombres como para mujeres pasa por crear y ampliar licencias, propiciar el trabajo parcial, el teletrabajo, permitiría una redistribución del cuidado equitativa al interior del hogar y la disminución de la desigualdad de tiempos dedicados a este trabajo.
• Remuneración / Retribución:
  La infravaloración histórica o simplemente, la falta de reconocimiento del trabajo realizado por las mujeres ha sido la razón principal para la carencia objetividad y justicia en la retribución del valor al trabajo de cuidado, elemento necesario y lógico del establecimiento del principio fundamental de la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Se hace necesario entonces, comprender el aporte del trabajo de cuidado en la economía y su retribución justa a quienes lo realizan.
   

• Representación:

  El trabajo decente plantea como parte del derecho fundamental al trabajo, el ejercicio de asociación y por tanto a tener voz y representación propia de las personas trabajadoras de cuidado, exigir ante estamentos estatales y sociales los derechos conexos al trabajo y condiciones justas. En Colombia son varias organizaciones sindicales de este tipo que tienen una larga trayectoria en la representación y defensa de los intereses laborales y sociales dentro del trabajo de cuidado, especialmente las trabajadoras domésticas y las madres comunitarias. Pero es necesario también identificar y promover más asociaciones de personas cuidadoras que pongan su voz en la creación y seguimiento a políticas, inversiones, programas y la agenda pública de la economía de cuidado en los territorios.

Forma parte de nuestra Certificación Internacional en Equidad de Género y Economía del Cuidado. Iniciativa de Women 4 Solutions.