De ROSA E. LINARES M. CONSEJERA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS MORELOS.
A Lic. Felipe Calderón, Comisión de Cooperación AmbientalTítulo ¡Yo no quiero maíz transgénico en México!
SECRETARIADO DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN AMBIENTAL DE AMÉRICA DEL NORTE
Con mi firma en esta carta me adhiero a la denuncia de hechos presentada ante la Comisión de Cooperación Ambiental por las organizaciones: El Barzón, Frente Democrático Campesino, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Greenpeace. En ella se acusa la falta de aplicación de la legislación ambiental (bajo los Artículos 14 y 15 del Acuerdo de Cooperación Ambiental), ante la inminente introducción por importaciones, siembra, distribución y comercialización ilegal, de variedades de maíz transgénico en el Estado de Chihuahua. Por eso solicito a la Comisión que: 1) Se integre un expediente de hechos debido a la existencia de un patrón de siembras ilegales de semillas de maíz transgénicas en aquel estado, ante la falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana, sin que las autoridades las detengan o sancionen. Esto aunado al tráfico ilegal de semillas y granos de maíz transgénicos que ingresan a territorio nacional sin control por parte de las aduanas mexicanas. 2) Solicite una respuesta del gobierno mexicano en torno a este caso de contaminación. Como estas organizaciones, yo también denuncio que el gobierno mexicano: 1) Omite la aplicación de medidas administrativas, penales y/o civiles para contener la contaminación de maíz Genéticamente Modificado (GM). 2) No tiene capacidad ni coordinación para realizar labores de inspección y vigilancia en materia de bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). 3) Es incapaz de investigar y dar respuesta a las denuncias de la sociedad acerca de la violación a la legislación ambiental aplicable que conlleva riesgos para el medio ambiente, la diversidad biológica, la sanidad vegetal, la salud humana y las posibles consecuencias socio-económicas para los agricultores, de la región y de otros estados. 4) No ofrece la garantía de que los procedimientos administrativos, judiciales o penales sean justos, abiertos y equitativos. Con estas omisiones, el gobierno esta sentando un mal precedente de violación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el Código Penal Federal, así como el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología. Esto pone en riesgo mi salud, la de mi familia y la del medio ambiente. Y yo, me pronuncio en contra de eso. Pues todo ello no sólo pone en riesgo a Chihuahua, sino a todo México como centro de origen y diversidad genética de maíz.
ATENTAMENTE: ROSA E. LINARES M. CONSEJERA ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS MORELOS.
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